El Reglamento Sanitario de los Alimentos exige un programa preventivo continuo, inspecciones periódicas y que los tratamientos los realicen empresas autorizadas. Esto es lo que dice la norma.
Normativas y cumplimiento
En Chile, el control de plagas en establecimientos de alimentos no es opcional ni queda a criterio de cada empresa. El Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo N° 977 de 1996, del Ministerio de Salud) define obligaciones concretas, y el Código Sanitario establece las sanciones cuando no se cumplen.
El artículo 47 del reglamento es directo: «Deberá aplicarse un programa preventivo eficaz y continuo de lucha contra las plagas». Agrega que los establecimientos y sus zonas circundantes deben inspeccionarse periódicamente para cerciorarse de que no exista infestación.
Dos ideas se desprenden de este artículo:
El artículo 48 indica que, si una plaga invade el establecimiento, deben adoptarse medidas de erradicación. Y precisa que el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos solo puede aplicarse de acuerdo a la reglamentación vigente y por empresas autorizadas por la autoridad sanitaria.
Las empresas aplicadoras se rigen además por el Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico (D.S. N° 157 de 2005), que regula la aplicación de estos productos, y su autorización se tramita ante la SEREMI de Salud.
El artículo 49 establece que solo deben emplearse plaguicidas «si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas de prevención». Antes de aplicarlos hay que proteger los alimentos, equipos y utensilios, y después limpiarlos a fondo para eliminar residuos antes de volver a usarlos.
Este criterio coincide con el enfoque de manejo integrado de plagas: primero prevenir y monitorear, y usar productos químicos solo cuando hacen falta.
El artículo 40 exige impedir el acceso de las plagas a los desechos. Contenedores sin tapa o acumulación de residuos cerca de los accesos son puntos que una fiscalización suele observar.
El artículo 174 del Código Sanitario sanciona las infracciones al Código y a sus reglamentos con multas desde un décimo de UTM hasta 1.000 UTM, que pueden llegar al doble en caso de reincidencia. Además, la autoridad puede disponer la clausura del establecimiento, la cancelación de su autorización de funcionamiento o la paralización de faenas.
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